Los límites del reclamo por la “inseguridad” en Mar del Plata

Hace unos días la madre de un chico asesinado brutalmente afirmó: “no queremos política acá, por eso convocamos a todos los padres a que se sumen los martes en la plaza del agua”.
Cientos de autos recorren nuestras calles con fotos de victimas con el reclamo de Justicia.
Lo cierto es que las demandas de mayor seguridad frente a la violencia crecen diariamente. No verlo sería intentar tapar el sol con las manos.
Pero también es cierto que estas demandas, por su propia lógica, se nutren de un reclamo visceral, dolor, incomprensión, pero no de un volumen organizativo y propositivo que haga que estas demandas permanezcan en el tiempo y se desarrollen como una cultura política.
Las grandes marchas convocadas por Blumberg y su posterior contracción, son más que una prueba de aquello que no debe ocurrir si lo que se quiere es mantener la demanda activa.
Por eso nos resulta importante realizar algunos aportes comprensivos de estas movilizaciones.
En primer lugar: las reivindicaciones de una sociedad no son la sumatoria matemática de los deseos, convicciones, dolores, sueños de sus integrantes. Esto que parece una obviedad, no lo es ni en la teoría social, ni en la práctica cotidiana societal.
Se ha instalado una cultura “hágalo Ud. mismo”, que se podría traducir en “quiero lo que quiero y que los políticos lo cumplan”. La sumatoria de esos deseos individuales no pueden convertirse en una política de estado. ¿Por qué? Sencillamente porque pueden (y las más de las veces lo son) ser contradictorios entre sí.
No es lugar aquí para ahondar en un debate exclusivamente teórico. Si señalar que una reivindicación específica no necesariamente es justa per se.
Obviamente no estamos hablando del derecho ciudadano a transitar libremente, trabajar, estudiar y residir en su vivienda sin que nadie lo violente. Este es un derecho inherente a la constitución de un estado democrático, como tantos otros más.
El punto aquí es la forma, o mejor, las formas en que esa reivindicación se concreta.

Un somero repaso por páginas periodísticas nos indican que, en general, existe una visión de “clase” del fenómeno de la violencia. Nos referimos a que un apuñalado en un barrio periférico es, la mayor parte de las veces, un “ajuste de cuentas”. Mientras que los delitos hacia la propiedad, que desgraciadamente conllevan violencia física en muchos casos, son actos de “peligroso delincuentes” hacia ciudadanos.
Esta fragmentación discursiva tiene su anclaje en la visión de las capas medias y altas acerca del delito. Para muchos, necesariamente, es cometido por “negros”, “drogadictos” y “escorias sociales” .
En un barrio marplatense de sectores medios bajos, sus vecinos se juntaron en la sociedad de fomento para organizarse frente al “delito”. Con un sistema de llamados y otros asuntos estuvieron alertas, hasta que finalmente “atraparon” a los delincuentes. ¿Quienes eran? Uno de ellos un menor de 16 años hijo del principal impulsor del proyecto de “seguridad” territorial.
Este dato, aunque menor en escala, es sorprendente y nos muestra una foto no muchas veces tenida en cuenta.
Así, la fragmentación social y cultural, se impone como regla explicativa del proceso delictivo, cuando la verdad es seguramente mucho más matizada.
Volviendo a la cuestión reclamativa, es claro que la indignación frente a la muerte de un familiar y un hijo es más que comprensible y necesaria de acompañamiento (si, y este es un debate para el “progresismo”), pero nunca puede convertirse en una política de estado.
Aclarando: quién es atacado es probable que reclame las medidas más drásticas, las cuales no pueden ser tomadas por nuestros dirigentes como soluciones viables, sencillamente porque no lo son. Hacer política no sólo es leer encuestas. Es mucho más que eso.
La política de la “mano dura”, que con idas y vueltas se ha impuesto en la Provincia de Buenos Aires en algunos períodos, tiene mucho más de agitación que de política.


Quizás tan sólo un ejemplo baste: durante la Gobernación de Ruckauf, se modificó el Código Procesal Penal (incumbencia de la Provincia) en cuanto a la no excarcelación por reincidencia, tenencia de arma de fuego, compañía de menores, etc.
Los medios solicitaban mano dura y esta fue una respuesta que aumento los niveles de hacinamiento en la comisarías y cárceles y abarrotó el sistema judicial. En concreto: aumentó la cantidad de presos en la Provincia, pero no la cantidad de delincuentes apresados. ¿Porqué? En un sistema democrático todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y estas medidas aumentaron el porcentaje de procesados pero no de condenados. Las cifras crecen o se mantiene. En las cárceles de la Provincia aún el 75% de los presos son procesados, no condenados.
Volviendo al reclamo de la no política de aquella madre, debemos decir que, justamente, los reclamos de “mayor seguridad” (así se leen mediáticamente) son esencialmente políticos. Y la respuesta a los mismos debe ser política.
Sólo una política de estado, colectiva, democrática, diseñada y con alto grado de legitimidad puede comenzar el largo camino de bajar las tasas de criminalidad.
Es claro: no suena a promesa fácil, mejor es callar o diseñar supuestos planes publicitarios que pueden arrimar votos, pero nunca soluciones de verdad.